Una Administración electrónica inclusiva, que posibilita que todos los ciudadanos, independientemente de su nivel socioeconómico y educativo, de su ubicación geográfica, de la tecnología que utilicen y de sus capacidades individuales innatas o adquiridas, tengan las mismas oportunidades para relacionarse electrónicamente con las Administraciones Públicas, sin duda contribuye a construir una Sociedad de la Información más justa y más equitativa.