Colombia ha tenido históricamente problemas asociados a la propiedad y a la tenencia de la tierra, los cuales han sido exacerbados, y a su vez complejizados por el contexto de conflicto armado en el que la tierra ha sido un recurso estratégico. La discusión sobre el agro colombiano ha sido recurrente en la historia del país. Sin embargo, en la actualidad se ve mediado por el reciente reconocimiento del carácter de víctimas de la población rural que fue obligada a desplazarse y a abandonar sus pertenencias muebles e inmuebles o que fue desposeída de ellos. Históricamente el conflicto social y armado en Colombia ha estado estrechamente relacionado con la inequitativa distribución de la propiedad de la tierra, siendo ésta causa y consecuencia del conflicto reciente en el país. Así mismo, se resalta la existencia en ciertas regiones de Colombia de una correlación positiva entre la concentración de la propiedad rural y la presencia del paramilitarismo y de la guerrilla, además de la influencia del narcotráfico mediante la compra masiva de tierras a una mayor concentración de la propiedad (recomponiendo el latifundio) y al desplazamiento forzado de campesinos hacia las ciudades y hacia las zonas de colonización, fenómeno que de acuerdo con Fajardo (2002b) “se traduce en el empobrecimiento de un mayor número de colombianos y en la pérdida de viabilidad de la nación”. En este contexto, la investigación quiere mostrar que existe un severo problema sin resolver en el campo colombiano que no se soluciona con la promulgación de la Ley 1448 de 2011, política pública de tierras y, por lo contrario, esta política profundiza el problema.