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Las democracias latinoamericanas se han caracterizado por contener pocos instrumentos jurídicos de participación ciudadana; sin embargo, en un Estado democrático, la actuación estadual debe encaminarse a institucionalizar el empoderamiento social, fomentando y permitiendo una participación ciudadana e incidencia política activa y real. Lo anterior se logra operando bajo el enfoque de los derechos humanos, donde la participación ciudadana constituye una obligación estatal, tendiente a respetar y tomar en cuenta el pluralismo ideológico de la ciudadanía. Es decir, la construcción de una sociedad políticamente activa. Ya que, con dicha participación política, se asegura – de primera mano – que el discurso legal consagre normas morales ciudadanas y procesos de planificación social. En México, con la reforma en materia electoral de 2014, se implementa – a rango Constitucional – una nueva figura jurídica; consultas populares, figura que, por un lado, faculta a los ciudadanos a iniciar y votar leyes; y por otro lado, se inclina a establecer una interacción fáctica entre el Estado y los justiciables, cuyo propósito es que estos últimos exijan sus derechos, planeen su desarrollo y/o diagnostiquen sus problemáticas, para que, participen – autogestionariamente – en su solución. Empero, la figura en comento no ha tenido el impacto esperado. – Según datos del INE – las consultas populares promovidas por los ciudadanos, ascienden a un minúsculo número de cuatro. Se pueden identificar varias razones, las cuales se desarrollaran y justificarán a lo largo de la exposición, pero que, enunciativamente, se señalan a continuación; a) el escepticismo y apatía legal de la ciudadanía, b) el desconocimiento de esta nueva figura y c) la dificultad para accionarla. Se considera importante, iniciar acciones e implementar políticas públicas encausadas a fomentar y difundir la existencia, aplicación y ejercicio de dicha figura, concientizando a la ciudadanía de la importancia y alcances que revisten las consultas populares, como mecanismo de empoderamiento ciudadano.

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Jorge Reyes Negrete (Mexico) 10247
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