La diversidad étnica como manifestación palmaria de la multiculturalidad y el pluralismo del estado colombiano, se evidencia desde la proclamación de su Constitución Política de 1991, en ésta, reconoce el carácter pluriétnico que ostenta, y a su vez, se encarga de especificar su calidad de garante y protector de los derechos fundamentales de los pueblos indígenas de su Nación, haciendo énfasis en la complejidad que se presenta y la particular atención que debe producirse con respecto a ella. En ese sentido, intenta generar estándares de  convivencia y paz que se convierten no solamente en elementos esenciales para vivir adecuadamente en colectividad, sino, en una  respuesta racional al caos y la anarquía que pueda generarse; con el claro propósito de amparar los derechos de todos los individuos dentro de su territorio, máximamente cuando son sujetos de especial protección constitucional, como las comunidades minoritarias, tema de interés que nos ocupa,  pues en el presente análisis se estudiaran los principios que avalan el ejercicio efectivo de los derechos de dicha población, primordialmente los concernientes a fortalecer su identidad, preservar su existencia y promover la autonomía de su cosmovisión, primordialmente porque su evolución ha traído consigo una creciente demanda social que requiere la construcción de mecanismos que permitan resolver pronta y acertadamente sus necesidades.