El presente trabajo, analiza el Gobierno Abierto como una necesidad real de la apertura gubernamental, basado en principios, de la legalidad, transparencia y rendición de cuentas, que le den al ciudadano la certidumbre y expectativas de esta nueva forma de gobernar, por lo que no solo basta con legislar en la materia, sino su justa y valida aplicación. La propuesta del Gobierno abierto como tendencia dentro de la administración pública tiene antecedentes desde los años 70, sin embargo hoy en día presenta un mayor posicionamiento dentro de América latina. De los 64 países que integran la alianza para el gobierno abierto (Open Government Partnership) actualmente 15 corresponden a países latinoamericanos; países como Chile, Colombia, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay se encuentran ya en un segundo ciclo de planes de acción ejecutados. Según un estudio realizado por el Instiruto Ortega y Gaset con base en datos 2012 se cuentan con 244 iniciativas ejecutadas sobre el tema en América Latina. Aun cuando se puede observar una participación significativa en este tema, el objetivo de esta investigación es puntualizar sobre tres dificultades que enfrenta la propuesta del Gobierno Abierto como modelo dentro de américa latina, ya que los escenarios donde se desarrolla son variables por estar en construcción y disputa. En primer lugar tenemos una ciudadanía cambiante. La propuesta del gobierno abierto debe reconocer que existe una reconfiguración en la relación Gobierno-ciudadanía. Es decir del traspaso de una ciudadanía receptora a una ciudadanía actora. El desarrollo de los movimientos sociales y activismo popular en América latina ha permitido el paso de sujetos social a actores sociales como los nombra zibechi (2003). Tenemos una sociedad más organizada y colectivizada que exige no solo espacios de transparencia y rendiciones de cuentas sino exige ser partícipe de la gobernanza.En segundo lugar el escenario político de América Latina presenta cambios institucionales, por un lado tenemos una tendencia de democratización reciente de los gobiernos y por otro lado tenemos una crisis de legitimidad de los mismos. Para el caso de Ecuador, según información de la encuesta realizada por CEDATOS (2015) el gobierno de Rafael Correa tiene un 45% de desaprobación, para el caso de chile, con base en información de la empresa nacional de opinión publica CADEM, el gobierno de Michel Bachelet tiene un 63% de desaprobación, para el caso de México en un análisis del periódico el Economista se maneja una cifra de solo un 35% de aprobación del gobierno de Enrique Peña Nieto. Ante estos datos se puede observar que la propuesta de Gobierno Abierto en América Latina se enfrenta a bajos niveles de credibilidad y altos niveles de desaprobación en conjunto con altos esquemas de corrupción que han generado en la ciudadanía una visión negativa hacia los esquemas de gobierno.En tercer lugar aun cuando estadísticamente América Latina presentó tendencias de crecimiento desde los años 60, según informes del Banco Mundial, la región de América Latina se enfrenta desde el 2011 a una disminución del crecimiento como resultado de un entorno externo adverso sobre todo para los exportadores de “commodities”. Por otro lado la CEPAL declara una “muy alta” vulnerabilidad en América Latina sobre todo de los sectores pobres o cercanos a la línea de pobreza. Según datos de esta comisión el 33% de los hogares, equivalentes al 44% de la población de América Latina y el Caribe, vive en situación de pobreza y, en la mayoría de los países, existe entre un 25% y 30% de hogares que enfrentan un alto riesgo de caer en la pobreza. En relación a los datos estadísticos anteriores es necesario retomar que una de las herramientas que soporta los mecanismos de aplicación del gobierno abierto es el acceso a las tecnologías sin embargo este mecanismo se presenta limitante ya que si bien la CEPAL presenta una tendencia de crecimiento en el uso de internet en América Latina, para el año 2013 se contabilizó un 46.7% de población con acceso a internet, poco menos de la mitad de la población, sin embargo este número se agudiza ya que al interior de la región, el avance de la difusión de Internet es heterogéneo, Nicaragua por ejemplo tiene el menor número de usuarios por habitantes y Chile, el mayor generando una brecha de disparidad del 31%. Con base en lo anterior concluimos que para el éxito del Gobierno Abierto no basta con centrarse en la filosofía que supone que una vez abiertos los canales, los ciudadanos estarán prontamente dispuestos a participar y ejercer los roles que potencialmente se les atribuye, ya  que aun cuando se tengan estos canales para la participación, como lo menciona Oszlak (2013) citando a (Amartya Sen s.f),  “no es concebible la participación de la sociedad civil en el diseño, puesta en marcha y evaluación de las políticas estatales, a menos que primeramente ésta sociedad haya sido empoderada”. El empoderamiento significa no solo el reconocimiento de los derechos de la ciudadanía, implica también el reconocimiento de los derechos como colectivo, su capacidad de influencia y ejercicio del derecho colectivizado.