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Las pruebas científicas respecto a que todo ser humano es potencialmente corrupto son contundentes; de admitirse que la corrupción es un rasgo inherente, a lo más ha de aspirarse a controlarlo. Tratándose del desempeño de los funcionarios públicos, tal rasgo se maximiza en importancia ética cuando se sirven de su cargo para aprovechar lagunas o imprecisiones de las leyes y lograr beneficios privados, en particular cuando no se tiene miramiento a los aprovechamientos que dañan el medio natural. Bajo el apotegma de “lo que no está prohibido, está permitido”, hay funcionarios que han estado por años negociando las áreas naturales si planificación alguna bajo presión de los empresarios privados, sirviéndose de oscuros cambios de uso de suelo, solapando la detención de leyes protectoras, sin existir forma de hacerles rendir cuentas ante superior alguno, menos a la ciudadanía. Esta situación provee del marco propicio para escudarse en sistemas de decisión no punibles, que han llevado a la naturalización del fenómeno, sobre todo en los países de menor desarrollo relativo. Entonces, se discutirán los orígenes humanos del fenómeno, intentando responder ¿qué tanto se sabe de la complejidad ética que determina la no tipificación como corrupción de decisiones que destruyen el entorno natural en desmedro del patrimonio natural?, seguida de una propuesta de acción jurídica inhibidora.

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Los efectos de la corrupción -definida como los actos en que ciertos funcionarios públicos incurren en sus decisiones para usufructuar en su beneficio personal las insuficiencias regulativas, sea por ignorancia de la ley o por consensos distópicos-, recaen directamente en el ámbito económico-político. No obstante, es poco discutido su origen en la filogenia humana, superando la creencia de que su gestación se encuentra necesariamente en contextos sociales negativos, como parece asumirse en todo el mundo. Tal controversia exige el intentar ir a fondo desde el medio científico, pues al desconocer el origen profundo de un fenómeno, su registro o control se torna incierto. En la convicción de que, entre todas las formas de falta de justicia, en ésta, los países subdesarrollados tienen una forma particularmente delicada, sea por el alcance social o el daño ético-emocional que ocasiona entre conglomerados de impávidos observantes o copartícipes supinos. Por tanto, se requiere activar la reflexión sobre:

  • 1.     1. La necesidad de desarrollar tipologías ajustadas a casos sobre los actos corruptos variantes de un país a otro. Lo que en un país desarrollado es severamente penado, puede ser que en otro ni sea considerado. R. Sautu et al (2004), aportan un “Catálogo Lego de Prácticas Corruptas”, que agrega entre otras, las transferencias patrimoniales, el otorgamiento de privilegios, abuso de poder, favoritismo y clientelismo. Laporta y Álvarez (1997) proporcionan una taxonomía más amplia, aunque tampoco exhaustiva, pero que entra a los aspectos de ética entre sujetos activo-pasivo.

2.     2. El grado de desarrollo cultural influye en el interés por desarrollar tipologías que permitan actuar sobre la corrupción de manera quirúrgica. Obsérvese que los países que han redesplegado su industria a otros (principalmente maquiladores), más que legislar con severidad contra quienes se corrompen en contra de la naturaleza, están logrando “limpiar” sus territorios sin mayor problema al participar en la división internacional del trabajo (que ellos mismos conforman), con la función esencial de prestadores de servicios de alta tecnología o financieros, lo cual se logra a través de sus altos niveles de educación impulsores de manera lógica del cuidado y defensa de su hábitat natural. Por ello, sus leyes no son modelo a seguir en los países herederos del modelo capitalista de crecimiento económico altamente contaminante. Empero, explica el motivo por el que no impulsan genuinamente desde el ámbito internacional mejores medidas de la corrupción que afectan el cuidado del medio ambiente, si acaso mediciones de percepciones ciudadanas, más sensacionalistas que útiles para el combate: el punto punible es la falta de ética por evidente uso de doble moral de lo que impulsan en su interior respecto a lo que hacen con los que quedan bajo su influencia económica.

3.     3. Nadie parece querer asumir que el origen de la corrupción está en la naturaleza humana, que es ser siempre potencialmente corrupto. Tal reconocimiento implica que la constitución biológica-hormonal (Palma et al, 2014), neurológica (Takahashi, 2012), hereditaria (Maturana y Varela, 2012) y hasta embrionaria (Pérez, 2010), limita las posibilidades que quedan al farragoso compromiso individual hacia el colectivo, que alcanza para explicar la ilógica tolerancia social trascendental a aberrantes actos individualistas flagrantemente corruptos contra la madre naturaleza.

4.     4. La corrupción, como desviación actitudinal que es, trasgrede los derechos humanos al violar los valores de igualdad ante la ley y las normas del ejercicio de autoridad de los gobernantes o autoridades de arriba hacia abajo, vulnerando los derechos ciudadanos de abajo hacia arriba. Así, la corrupción a todos niveles de la administración pública ha de examinarse desde causas observables en casos como falta de idoneidad y clientelismo de los funcionarios, ineficiencia de los organismos de control fiscal, complicidad e impunidad ante hechos ilícitos. El desarrollo organizacional real de las instituciones pro ética en los organismos públicos suelen desestimar la necesidad de desarrollar a fondo la misión, visión y similares, debido a que provee convenientes márgenes de holgura que, en su momento, les beneficia o puede servir para cubrir errores.

5.     5. El capitalismo pro liberal que existe en países como los de América Latina funciona mal en gran medida porque es de compadrazgo, al conjugar el poder económico con el político, creando privilegios para grupos que diseñan estructuras y procesos organizativos que aumentan su riqueza sin intención de extender los beneficios al resto de la población, antes sirviéndose de ésta. Las formas de usar el cargo público favorecen oportunidades privilegiadas, discrecionales o abiertas, de intereses de grupo, concesiones de explotación con ganancias privadas, sin importarles lesionar el medio ambiente, mas, si incurren en pérdidas, gestionan medios para socializarlas entre la población, adaptando los regímenes regulatorios o promoviendo omisiones, igual que cuando requieren eliminar a los competidores.

Para mitigar tales influencias, se requiere que grupos interdisciplinarios de científicos apoyen estudios holistas del origen humano de la corrupción y, en consecuencia, formulen medidas que mejoren los flujos de información sobre los costos y efectos reales de la corrupción, favoreciendo todo lo que estimule el comportamiento ético y establezcan estándares básicos de integridad, y mejoren la toma de decisiones organizacionales.

Utilizando todos los ángulos de observación interdisciplinares a que ha lugar, se requiere impulsar una esquematización diagnóstica de cuando las decisiones públicas lesivas al entorno natural se originan en actos de ignorancia, faltas de ética calificadas, forma subconsciente de falta de justicia social, sea por individuos actuando en solitario o en redes de copartícipes supinos e, incluso, de consensos distópicos implícitos de corrupción naturalizada, todo ello delicado por el alcance del daño económico-emocional que perpetra contra la sociedad en su conjunto.

Desde tal trinchera académica a injertar en el medio público será posible cumplir con la ayuda efectiva a que estamos convocados por vocación en las universidades públicas, y detener la destrucción trascendental del hábitat humano, ayudando a alcanzar la confluencia de mentes que permita avanzar estableciendo métodos y protocolos de confianza diagnósticos de la inclinación actitudinal de cada candidato o funcionario en labor que, según la conformación resultante, si bien imposible que sea infalible, pondrá en senda menos insegura la elegibilidad de quienes resulten con menores predisponentes a la corrupción. Hasta en tanto éste escrutinio auto limitante se asuma, se podrá afirmar que la ética en la gobernanza ha dado paso a convertirse en el justo eje axial que evidencie un genuino desarrollo social.

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Rosalía Susana Lastra Barrios (Mexico)
Universidad de Guanajuato (Mexico) 2221
Doctora en Estudios Organizacionales Maestra en Economía y Política Internacional Licenciada en Relaciones Internacionales
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Co-authors information

Suhail Montaño Sánchez (Mexico) 14725
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