Un Estado Democrático de Derecho es aquel que garantiza el pleno ejercicio y goce de los derechos humanos, además de brindar seguridad jurídica a través del principio de soberanía popular, mismo que es fundamental en una democracia. Por otro lado, la violencia política en contra de las mujeres, se refiere a todo acto u omisión basado en razones de género que tenga como fin el menoscabo de los derechos políticos de estas. Según datos de la ONU, en América Latina, las mujeres ocupan el 28.1% de representación en la cámaras (altas y bajas) y solo en seis países de estos las féminas son presidentas de sus parlamentos, por otro lado, como Jefas de Estado, solo Chile cuenta con una presidenta. Sin duda estos son datos inequitativos en comparación a la ocupación de los hombres en cargos públicos. Este fenómeno atiende a la desigualdad de oportunidades de acceso a la vida pública de los países, donde la principal razón es la violencia política que sufren las mujeres, misma que tiene sus raíces en la cultura patriarcal arraigada en la sociedad latinoamericana donde se sigue creyendo en la subordinación de las mujeres ante los hombres en la vida política del país. El presente trabajo tiene como finalidad estudiar desigualdad social que sufren las mujeres para ocupar cargos públicos en América Latina, analizando el marco jurídico y las políticas públicas que se han llevado a cabo para garantizar el ejercicio de los derechos políticos de las mujeres y así combatir la desigualdad de género en la vida pública del país para garantizar un Estado Democrático de Derecho.