A lo largo del conflicto armado colombiano se ha evidenciado que son miles de víctimas quienes han padecido los efectos de este, por lo que se puede asumir que existen vacíos en la producción de memoria histórica, olvidando en gran medida las causas por las que inició este conflicto, sin permitir si quiera que aquellas personas que fueron acalladas por este, sean escuchadas y mucho menos reparadas. Mientras  el conflicto avanza, el estado desarrolló varias leyes que buscan reivindicar a la víctimas, estas se entienden como políticas de la memoria, siendo aquellas acciones establecidas por los gobiernos con el fin de conservar y transmitir los hechos ocurridos que se consideren importantes dentro del conflicto armado, algunas de estas leyes  en Colombia, son: la ley 387 de 1997, la ley 418 de 1997, la ley 975 de 2005 y la ley 1448 de 2011. La actual ley, sentencia que las víctimas son aquellas personas que han sufrido los efectos del conflicto armado, ya sea de manera individual o colectiva, por hechos ocurridos a partir del 1° de enero de 1985. Lo que implica que se generan dos categorías de víctimas dentro de un mismo conflicto y para unos esta ley sería una política de la memoria, pero para otros sería una política de olvido. A partir de esta problemática se ha presentado la inquietud, ¿Cómo se construyen las memorias sociales de las personas que han sido víctimas por hechos ocurridos antes del 1º de enero de 1985 y no han sido resarcidas de manera individual por la ley 1448? Desde una mirada  cualitativa, a través de entrevistas semi-estructuradas, efectuando un análisis de contenido y por medio del software informático Atlas.Ti, se buscó analizar las categorías que emergen dentro del discurso de los participantes.