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Las democracias latinoamericanas se han caracterizado por contener pocos instrumentos jurídicos de participación ciudadana; sin embargo, en un Estado democrático, la actuación estadual debe encaminarse a institucionalizar el empoderamiento social, fomentando y permitiendo una participación ciudadana e incidencia política activa y real. Lo anterior se logra operando bajo el enfoque de los derechos humanos, donde la participación ciudadana constituye una obligación estatal, tendiente a respetar y tomar en cuenta el pluralismo ideológico de la ciudadanía. Es decir, la construcción de una sociedad políticamente activa. Ya que, con dicha participación política, se asegura – de primera mano – que el discurso legal consagre normas morales ciudadanas y procesos de planificación social. En México, los gobiernos municipales tienen la obligación de llevar a cabo sesiones de cabildo públicas, siendo éstas verdaderos foros de consulta ciudadana, cuyo propósito es que los ciudadanos exijan sus derechos, planeen su desarrollo y/o diagnostiquen sus problemáticas, para que, participen – autogestionariamente – en su solución. Empero, las sesiones de cabildo municipal no han tenido el impacto esperado. Según datos obtenidos por la Unidad de Transparencia del Ayuntamiento de Cuautlancingo, en las 33 sesiones de cabildo de la actual administración, ninguna ha sido atestiguada por algún ciudadano, por consiguiente, ninguna demanda ciudadana ha sido discutida en las negociaciones políticas del Ayuntamiento que se llevan a cabo a través del cabildo. Se pueden identificar varias razones, las cuales se desarrollaran y justificarán a lo largo de la exposición, pero que, enunciativamente, se señalan a continuación; a) la nula difusión y publicidad que se le da a las sesiones de cabildo; b) la falta de infraestructura e inmobiliario para albergar ciudadanos en la sala de sesiones de cabildo y c) el déficit de cultura política en la sociedad Cuautlancinguense.