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La ley 54 de 1990, le concedió reconocimiento jurídico a los derechos de aquellas parejas heterosexuales que convivían bajo el concubinato, concebida como una forma de vivir reprochable y censurable por una comunidad conservadora, que no admitía una manera de convivencia diferente a la del matrimonio, además, de padecer el desconocimiento del Estado. Fue como, a partir   de la ley 54 de 1990 que adquirieron reconocimiento sobre los derechos patrimoniales que de dicha unión nacieran, acogiendo el nombre de unión marital, no obstante, con la evolución social, se empezaron a desarrollar otras formas de convivencia, entre parejas del mismo sexo, las cuales, reclamaron sus derechos y la Corte Constitucional en Sentencia T-911 de 2009, ordenó que ésta normativa se aplicara en sentido de equidad, en cuanto a los derechos patrimoniales se refiere. Luego del reconocimiento social y jurídico que recibieron las uniones de hecho entre parejas heterosexuales y parejas homosexuales, se presenta actualmente, una realidad social y como una forma alternativa de convivencia, las poliuniones, ya sea estas representadas en trieja o cuatrieja. Las cuales, son uniones estables que se presentan entre personas del mismo sexo o entre personas de diferente sexo, lo que conllevaría a una serie de consecuencias jurídicas de carácter patrimonial y cultural de las que el Estado, ni la sociedad colombiana se encuentran preparados para enfrentar. En el texto, se identificarán los vacíos normativos del régimen patrimonial de las poliuniones; se comparará la regulación existe en materia del mismo sexo y de diferente sexo, en relación con el régimen patrimonial y finalmente se determinará que de la regulación entre parejas del mismo sexo y de diferente sexo se puede llevar a las poliuniones.   Se busca, una regulación jurídica que de estabilidad patrimonial a las relaciones que surgen de las poliuniones.