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Hoy día vacían de contenido la igualdad los estereotipos que, más allá de las meras diferencias sexuales y más allá de la propia individualidad, han construido las identidades sociales del hombre y de la mujer y contribuido al “reparto de papeles” y la consiguiente subordinación estructural, histórica y sistemática que marca significativamente nuestra propia existencia como mujeres y que nos impide o dificulta en no pocas ocasiones la realización plena de nuestro proyecto vital. No hablo de situaciones aisladas, hablo de relaciones de poder entre mujeres y hombres por las que, de manera sistemática se concede mayor autoridad e importancia a los hombres y a lo asociado culturalmente a lo masculino (atributos del poder) que a las mujeres y todo lo asociado a lo femenino (atributos del débil). La consecuencia es previsible. Su perpetuación desde el inicio de los tiempos a través del menosprecio, demérito y ninguneo ejercidos contra las mujeres sobre las que también se ejerce violencia en cualquiera de sus formas y en todos los ámbitos imaginables, incluido el jurídico.  Por supuesto, la superación de este modelo androcéntrico no puede producirse por la mera invocación del principio de igualdad formal, sino que debe implicar la remoción total de las estructuras y relaciones de poder sobre las que se asienta la sociedad y el derecho modernos. Sería necesario partir de un compromiso social e institucional que lo iniciara. Un pacto global y transversal de tipo civilizatorio que permitiera reflejar la diversidad y amparara legalmente la realización plena de cada proyecto vital. Y en esta tarea los poderes del Estado, y especialmente el Judicial, tienen que asumir su responsabilidad con nuestro presente y con nuestro futuro desde una perspectiva de Derechos Humanos para la construcción de una Justicia Igualitaria o de Género.