Hoy en día los países latinoamericanos están padeciendo las consecuencias de las reformas estructurales que estuvieron plagadas de políticas comerciales, financieras, tributarias y laborales que solo beneficiaron a pocos sectores de la población, y que, con el objetivo de mejorar su calidad de vida, orillaron a otros sectores a migrar de zonas rurales a zonas urbanas u otros países.Dichos desplazamientos generaron impactos sociales que debilitaron el tejido social y el sentido de pertenencia de las comunidades que dejaron. Aunado a otros impactos generados por la impunidad, la violencia, la delincuencia, las amplias jornadas laborales, el individualismo, la corrupción, que son también motivo para que la descomposición social no tenga freno y se siga reproduciendo.A pesar de esto, la política social no se ha quedado estática, ha presentado cierto dinamismo que incluye nuevas presencias y enfoques que le permiten compartir la responsabilidad del desarrollo que deben alcanzar las comunidades. En ese sentido, la participación ciudadana puede contribuir a mejorar estos impactos y recuperar la identidad social, por eso es importante para los gobiernos retomar lo más significativo que brinda la participación tanto comunitaria, social y ciudadana.El caso de la Ciudad de México es particular, en ella se ha ido institucionalizando el tema de la participación en un marco normativo resultado de años de lucha por el reconocimiento de los derechos individuales y sociales ejercida por los movimientos sociales, grupos vecinales y ONG/OSC, adecuándose hoy en día a las nuevas necesidades sociales que demanda la ciudadanía.A partir de los antecedentes aquí planteados, la presente investigación busca identificar cómo se promueve la cohesión social a través tres programas sociales gubernamentales de la Ciudad de México (Programa Mejoramiento Barrial, Comedores Comunitarios, Sociedades Cooperativas), que por su diseño e implementación incluyen -en diversos niveles- la participación de la población beneficiaria.