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La mujer indígena se encuentra en constante búsqueda por su integridad étnica y cultural, aun cuando la Constitución Política Colombiana de 1991 respondió a vacíos e incertidumbres sociales al implementar un Estado Social de Derecho como  reivindicación a los años de movilizaciones y lucha de los pueblos. Para ser más precisos, trajo consigo: la diversidad étnica, el pluralismo jurídico, el multiculturalismo, entre otros. Pero es precisamente este factor lo que representa un reto en el ámbito jurídico del país, porque desde el momento en el que se reconoce la existencia de poblaciones más vulnerables es necesario introducir Modelos que permitan adjudicar derechos al sujeto para reconocerlo como individuo y, al mismo tiempo, como parte de una comunidad, para lograr de esta forma una homogeneización desde la perspectiva social. Para ello, se hace necesario resaltar los criterios de interpretación jurídica para la solución de conflictos que puedan presentarse entre la autonomía de las comunidades indígenas y los derechos individuales de sus miembros, en este caso, la mujer indígena; así como los elementos determinantes de competencia de la jurisdicción especial indígena y el fuero indígena.