América Latina desde la década de 1980, comenzó un nuevo proceso de reorganización política y democrática, que ha buscado consolidarse a pesar de las crisis de diversa índole que han surgido a lo largo de los años. En estos procesos, un número importante de presidentes han salido de sus cargos como fórmula para aliviar dichas crisis, donde la renuncia, como respuesta a la presión social, y los juicios políticos por parte del legislativo, han sido las herramientas institucionales que han posibilitado la interrupción de los mandatos presidenciales por vías constitucionales. Sin embargo, en 2009 esto cambió cuando el presidente de Honduras Manuel Zelaya fue arrestado, apartado de su cargo y expulsado a Costa Rica, por las Fuerzas Militares de ese país atendiendo una orden emitida por la Corte Suprema de Justicia hondureña. Este hecho fue considerado como un golpe de Estado por parte de la comunidad internacional, acarreando serias consecuencias para ese país. El objetivo de este trabajo es observar si, en el caso hondureño, la existencia de un sistema presidencial rígido (presidencialista, quizá) llevó a la Corte a recurrir a instancias aparentemente extra-constitucionales para solucionar las tensiones de aquel momento con la excusa de evitar el cambio constitucional que aumentaría el poder presidencial. Se pudo concluír que efectivamente se trataba de un presidencialismo rígido, con posibilidades de profundizarse, por lo que las acciones de la Corte Constitucional y el ejercito pudieron haber evitado esta situación. A pesar de ello es muy importante anotar que la mencionada actuación trasgredió el Estado de Derecho, poniendo en peligro la estabilidad democrática del país.