La transición a la democracia en Colombia se inaugura con la paulatina disolución del Frente Nacional y se plasma en la reforma constitucional de 1991. Sin embargo, el retorno a la democracia competitiva no significó la superación de la violencia política. En este periodo, se realizaron sucesivos intentos de recuperar un juego político democrático incluyente, que diera por finalizada la violencia política en dicho país por medio de las negociaciones de paz y la participación de los actores armados en partidos políticos (o creación de partido propios). No obstante, la progresiva desmovilización de actores armados (tanto de guerrillas como grupos paramilitares) no lograron cambiar la dinámica de violencia, sino que por el contrario incrementaron el número de asesinatos políticos y el enfrentamiento entre el Estado y los actores armados. Por ejemplo, el grupo de Memoria Histórica registró entre 1980 y 2012 (antes del actual acuerdo de paz entre el gobierno y las FARC) el asesinato de 1227 líderes comunitarios, 1495 militantes políticos, 685 sindicalistas y 74 defensores de Derechos Humanos. Entre los militantes políticos asesinados, cinco de cada diez participaban en partidos o movimientos políticos de izquierda y este fenómeno no desapareció con el último acuerdo de paz. Los partidos creados como resultado de procesos de negociación y reinserción de grupos armados a la vida democrática sufrieron amenazas, atentados y asesinatos de líderes y seguidores. Por consiguiente, la construcción de la democracia, en el período posterior al Frente Nacional debió atravesar numerosos obstáculos e intentar consolidarse a pesar del fracaso de los actores políticos para acordar un clima de paz y de inclusión. Este proceso de democratización inconcluso será un legado a resolver en las décadas siguientes.