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En México y el mundo, los bienes culturales son protegidos a través de diversas leyes y acuerdos nacionales e internacionales, ya que son símbolo inequívoco de la identidad de los pueblos, su preservación es fundamental para que las generaciones futuras conozcan su pasado, el lugar que ocupan en su presente y en ocasiones son herramientas que ayudan a vislumbrar el futuro. Dentro de estos bienes encontramos al patrimonio documental, con la particularidad de que este tipo de objetos puede ser uno de los más vulnerables y susceptibles de tráfico ilícito, destrucción y pérdida. Se caracterizan por su doble composición, la primera el contenido informativo y la segunda el soporte en el que se consigna, por lo que simbolizan prueba fehaciente del quehacer histórico de los pueblos y memoria del mundo. Los países de América Latina y otros tantos son vastos en estos bienes y se reflejan a través de sus archivos y bibliotecas, sin embargo, no se les da la importancia y reconocimiento que deberían de tener, y los cuidados para su conservación y las medidas de vigilancia y cuidado básicos que deberían de tener llegan a ser escasas o nulas. Estas medidas son responsabilidad de los Estados, pero dadas las limitaciones de algunos gobiernos es indispensable que la sociedad cree conciencia del valor de sus archivos, bibliotecas y patrimonio documental. Las acciones que se podrían generar a través de la ciudadanía son enormes, y es responsabilidad de todos lograr que las generaciones futuras puedan apreciar y valorar estos bienes.