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A nivel internacional la educación sexual (ES) ha sido objeto de debate porque pone en cuestión si la responsabilidad de su transmisión recae en las familias o en la escuela. Por ello, en Colombia a inicios de los años setenta se empezó a discutir la necesidad de enseñarlo por medio del sistema educativo. A través de la ley 115 de 1994 se crea el Programa Nacional De Educación Para la Sexualidad Y La Construcción De Ciudadanía (PESCC). Estas normativas generan conflictos  de aplicación de la política puesto que la normatividad no se cumple, sumado a la intervención de distintos actores sociales que impiden esta implementación. La preocupación por parte del Estado recae en las cifras de embarazos adolescentes, deserción escolar, ITS, y otros factores que conflictuan la vida de los jóvenes. Por parte de los actores religiosos y políticos, este tipo de enseñanza recae solamente en los núcleos familiares. Teniendo en cuenta lo anterior, esta problemática se hace relevante dentro de las ciencias sociales, puesto que al continuar evadiendo la ES por cuestiones morales, genera que se sigan reproduciendo obstáculos dentro de la vida a plenitud de las personas –en este caso de la población joven-, es decir, conflictos en cuestiones de salud, social, económicas, entre otras. Es por ello que teniendo en cuenta la incidencia de actores religiosos (padres y comunidad educativa), en contraste con el papel del Estado frente a esta situación, se pretende hacer un contraste basado en cifras acerca del papel de la ES para mitigar fenómenos recurrentes en los jóvenes de Bogotá, y de esta manera hacer un análisis crítico acerca del posicionamiento de la política frente a este tema.