Caracterizar una población privada de la libertad permite evidenciar factores de riesgo o vulnerabilidad que podrían influir en la probabilidad de reincidencia del delito por el cual una persona fue condenada; por lo tanto, el reconocimiento de las condiciones de la población reclusa, es un reto tanto para el Estado como para la sociedad, pues de ello depende lograr un efectivo proceso de resocialización. Colombia cuenta con el Sistema de Información para la Reintegración (SIR) de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), que brinda acompañamiento a las personas desmovilizadas y desvinculadas de grupos armados organizados en proceso de reintegración, quienes reciben un acompañamiento psicosocial que se realiza según los parámetros del modelo multidimensional  dentro de la ruta de reintegración, que busca que las personas en proceso de reintegración (PPR) desarrollen capacidades y logren la superación de vulnerabilidades y ejerzan de manera autónoma la ciudadanía a través de 8 dimensiones que son: personal, productiva, familiar, de hábitat, salud, la dimensión educativa, ciudadana, y la dimensión de seguridad. Existe también el modelo de resocialización dirigido por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), que cuenta con programadas de resocialización para personas privadas de la libertad. Este trabajo pretende abordar un análisis comparativo desde las dimensiones de educación y trabajo en ambos modelos, con el fin de inferir si se contribuye a la superación de estas vulnerabilidades sociales.