Se dice que vivimos en la era de la posverdad; escenario envuelto en una generalizada «actitud de resistencia emocional ante los hechos y pruebas objetivas»[1] que permite que las noticias falsas viajen por las redes empapando nuestro imaginario colectivo e influyendo, inevitablemente, en el debate público. Los canales de difusión masiva aportan, cada día, mayor visibilidad a los mensajes y multiplican exponencialmente su alcance, sin filtros previos con los que depurar su origen y naturaleza. Así, se dibuja la inminente realidad que nos sitúa ante uno de los principales retos jurídicos de nuestro tiempo: el estudio de las posibilidades de regulación frente al impacto que ejercen las fake news sobre los cauces de construcción de la opinión pública –presupuesto necesario en todo proceso de legitimación democrática–. Sin embargo, no toda información equivocada o errónea es una noticia falsa; tan peligroso es el escenario previamente descrito, como la maliciosa equiparación de ambos términos que se erige en amenaza para el correcto ejercicio del derecho a la Libertad de Prensa. ¿Qué es una noticia falsa?, ¿cómo podemos actuar frente a la desinformación? Voces autorizadas coinciden en la necesidad de articular un enfoque común en el ámbito europeo que combine el desarrollo de las nuevas herramientas de verificación, el impulso de las técnicas de alfabetización mediática, así como una reformulación de los límites que se imponen actualmente a la libertad de información. [1] Definición del término posverdad –post-truth– recogida por el prestigioso Diccionario de Oxford, institución que lo ha designado como palabra del año 2016.