En el año 2020 se cumplieron 10 años del inicio del Ministerio del Medioambiente en Chile que se presentó como una oportunidad para fortalecer la institucionalidad ambiental chilena y mejorar los procesos de diálogo con las comunidades frente a los asuntos ambientales. En ese sentido, la Ley sobre Bases Generales del Medio Ambiente n° 19.300, reconoce dos ámbitos de participación ciudadana, para el caso de Estudios de Impacto Ambiental y Declaraciones de Impacto Ambiental con Participación Ciudadana por Cargas Ambientales (SEIA, 2021).

Sin embargo, existen algunas tensiones que se generan al constatar el problema de la gobernanza ambiental en Chile, que surge en contexto de una institucionalidad ambiental que no daría respuesta a la complejidad ambiental, la existencia de una gobernanza rígida y centrada en la institucionalidad, el código de aguas y derechos de aprovechamientos, desarticulación de las perspectivas locales y nacionales, entre otras. Actualmente, la institucionalidad ambiental chilena ha propiciado procesos de participación ciudadana consultiva, con un escaso acceso a la información y por tanto, se ha podido incidir especialmente mediante la protesta y la movilización social, pero que al no institucionalizarse, permanecen más bien en la periferia de las decisiones, y otro tipos de actores sociales, especialmente las organizaciones locales, de base, se han coordinado en acciones muy específicas pero no han sido incluidas en procesos más macro, además no se han coordinado entre actores de otras comunidades, lo que repercute en la acción colectiva, posibilidad de incidencia política y real participación ciudadana.

El Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile (INDH) inicia en al año 2012, un proyecto que grafica el Mapa de Conflictos Socioambientales en Chile. Identificando a esa fecha un total de 97 conflictos Socioambientales registrados entre enero de 2010 y junio de 2012, informe que en una versión actualizada a la fecha (2021) eleva la cifra a 126  ^[1]. Una tipología con relación a sus temáticas nos muestra que estos conflictos se relacionan con energía, minería, saneamiento ambiental y otros sectores (extracción ilegal de aguas; contaminación de ríos).

Los conflictos ambientales también han resonado en el amplio descontento social que fue reconocido internacionalmente como el “estallido social 18-0” y que aglutinó diversos motivos de protesta y fue tematizado como “Chile despertó”, algo que abrió la posibilidad de modificar la constitución política del país, así como derogar el código de aguas y generar procesos de participación ciudadana efectiva, relevar saberes locales y garantizar acceso a la información. 

Lo anterior, conlleva a abordar en este artículo, los desafíos la participación ciudadana en el marco de la reforma constitucional, que exige la inclusión de diversos actores sociales y la demanda de transformar decisiones públicas de manera participativa, pues el hecho de garantizar, que las personas más afectadas puedan, por ejemplo, obtener información, expresar libremente sus opiniones y participar en el proceso de adopción de decisiones permite que las políticas sean más legítimas, coherentes, sólidas y sostenibles.

En este sentido, la nueva Constitución, debe consagrar la obligación del Estado de Chile, no solo de tutelar la preservación de la naturaleza, sino también la de abstenerse de vulnerar los derechos humanos causando o permitiendo que se causen daños ambientales; proteger frente a las injerencias perjudiciales en el medio ambiente procedentes de otras fuentes, como las empresas, otros agentes privados y causas naturales; y adoptar medidas efectivas para garantizar la conservación y el uso sostenible de los ecosistemas y la diversidad biológica, de los que depende el pleno disfrute de los derechos humanos; vinculadas al   disfrute de un medio ambiente seguro, limpio, saludable y sostenible.

[1] Mapa de conflictos Socioambientales en Chile, Instituto Nacional de Derechos Humanos. Inicio - Conflictos medioambientales INDH

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