El 12 de diciembre de 2005 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación diversas reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que constituyeron un hito en materia de justicia para adolescentes, en México. Por una parte, la importancia de dichas reformas radica en que el artículo 18 Constitucional, que anteriormente definía las bases del sistema tutelar en materia de justicia minoril, se modificaba para establecer los cimientos de un sistema integral, cuyo enfoque garantista pugnaba por reivindicar la figura de los menores en el ámbito penal, otorgándoles el reconocimiento y los derechos que durante mucho tiempo les fueron negados pero, principalmente, resolviendo el tema de la responsabilidad, en cuanto eje neural a partir del cual se definía el tratamiento que habría de dárseles. No obstante, la consolidación de este modelo garantista reviste una doble importancia ya que, aunado a lo anterior, simboliza el inicio del pensamiento moderno a partir del cual, las diversas corrientes de pensamiento, como la etapa de tratamiento penal indiferenciado y la etapa tutelar, que permearon a partir del siglo XIX, en Norteamérica, Europa y Latinoamérica, quedaron superadas con la adopción de un nuevo paradigma que obligó a la reconstrucción de un contexto jurídico especializado. Sin embargo, las estadísticas sobre incidencia delictiva y reincidencia de menores en hechos delictivos en las últimas fechas, han reavivado la temática de la justicia juvenil, marcando el inicio del pensamiento posmoderno a partir del cual se analice el modelo garantista y cuestione la efectividad de la justicia integral para adolescentes, a fin de atender los conflictos de los adolescentes delincuentes o, en su caso, replantear la política criminal, con el objetivo de construir nuevos enfoques de prevención que incidan, de manera eficaz y positiva, en la estadística criminal contemporánea.