Los mecanismos institucionalizados que permitan una participación ciudadana más allá de la emisión de un sufragio significan un derecho humano del gobernado, ello bajo la lógica de un Estado Constitucional de Derecho. Esto permite que los gobernados puedan cristalizar –institucionalmente- sus ideales y hacer vinculantes los valores morales que consideran importantes. Esto es, que el diseño, construcción y desarrollo del Estado sea un ejercicio de coparticipación. Para ello, es necesario que los órganos estaduales desarrollen discursos normativos e implementen políticas públicas que permitan a la ciudadanía involucrarse, de manera directa, en la forma de operar del gobierno (Estado operante). Lo anterior se materializa a través de una participación ciudadana de facto, con incidencia política; empero, es importante atisbar que la participación de la sociedad en la toma de decisiones de lo público no puede ser absoluta y sin limitaciones, esto es, se debe racionalizar y establecer mecanismos para administrar dicha participación. Escenario donde encuentra cabida una tendencia novedosa sobre la forma de gobernar, se hace referencia a la gobernanza, misma que ha sido objeto de estudio de importantes tratadistas, como herramienta funcional que permite fortalecer el diseño, implementación y ejecución de políticas públicas al seno de la Administración Pública. Por lo que el discurso que alberga este modesto tratado, es tendiente a contribuir, en pequeña medida, con el estado del arte existente en torno a la gobernanza, añadiendo un par de elementos teóricos a ésta. Se hace referencia a la expansión en los alcances de la gobernanza, dándole cabida en los espacios parlamentarios, así como, establecer que la gobernanza implica la existencia de procesos democráticos de participación ciudadana racionalizada.