Esta investigación tuvo como objetivos principales, analizar como el derecho al agua es garantizado por el Estado brasileño a su población, identificar y estudiar los instrumentos jurídicos nacionales e internacionales que respaldan este derecho en el país, y examinar como están siendo implementados los instrumentos políticos (políticas públicas) establecidas en Brasil para el acceso y abastecimiento efectivo de agua potable a su población, verificando la eficacia de la política pública elegida para estudio, el “Plano Nacional de Saneamento Basico” y la materialización del derecho fundamental al agua. Para alcanzar estos propósitos, se empleó una metodología de investigación de tipo descriptivo-cualitativo, haciéndose uso de técnicas de levantamiento bibliográfico y situacional, estudiando conceptos de Estado Social de Derecho, administración pública, gobernanza del agua, políticas públicas y eficacia, junto con el análisis estructural y de los elementos que componen la política pública elegida para estudio, realizándose ademas un análisis secundario de datos extraídos del “Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento”, con el fin de evaluar los elementos estructurales de la política objeto de estudio y verificar su eficacia. Entre los principales resultados se encuentra que, aunque actualmente el derecho al agua en Brasil no esté consagrado expresamente en su normatividad interna, este derecho tiene fuerza vinculante y comporta la obligación del Estado de garantizarlo en condiciones de universalidad, cantidad y calidad adecuadas, en virtud de los tratados internacionales sobre derechos humanos reconocidos por Brasil que asi lo determinan. Igualmente, la política pública analizada responde a los lineamientos jurídicos generales de protección y garantía del derecho al agua, además conserva una estructura coherente y consciente para la solución de la problemática de desabastecimiento, y cuenta con objetivos claros, metas razonables y formas de verificación, monitoramiento y evaluación de resultados específicos que permiten medir su eficacia y la materialización del derecho al agua.