El derecho humano a una vivienda digna y decorosa ha sido definido por la Suprema Corte Mexicana al interpretar el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales como el derecho de todo hombre, mujer, joven y niño a acceder y mantener un hogar y una comunidad seguros en que puedan vivir en paz y con dignidad. En ese sentido, tal derecho humano, requiere de un estándar mínimo como la disponibilidad de servicios, materiales, facilidades e infraestructura, habitabilidad y asequibilidad. Por lo tanto, una vivienda digna debe contar con los elementos suficientes que garanticen un nivel mínimo de bienestar a quien la habite; esencialmente, una infraestructura básica adecuada en la que el individuo pueda desarrollarse libremente, con instalaciones propias para el pleno desarrollo de la persona. En virtud de ello, con fundamento en el artículo 4º constitucional de la Carta Magna, el Estado establecerá las políticas públicas y los instrumentos para su plena ejecución. Esta investigación analiza y describe los instrumentos jurídicos internacionales ratificados por México, aunado con la legislación nacional que reconoce el derecho humano a una vivienda digna y decorosa, con especial énfasis en la trascendencia del artículo constitucional antes citado y de las garantías constitucionales que tutelan la protección de tal derecho humano, se examinan criterios jurisprudenciales emitidos por órganos jurisdiccionales mexicanos, mismos que refieren los alcances de este derecho, con base en los tratados internacionales. Finalmente, se aborda el trámite de substanciación del amparo en México, enfocado en los actos del Estado violatorios del derecho humano a una vivienda digna y decorosa, así como las garantías para su protección, lo anterior, empleando el Control de Constitucionalidad y Convencionalidad conformado por la Constitución Federal y los Tratados Internacionales en materia de derechos humanos ratificados por el Estado Mexicano.