Los resultados electorales de julio de 2018 en México desafían los modelos y esquemas empleados para la comprensión de la relación existente entre quienes toman las decisiones públicas (la clase gubernamental) y sobre quienes estas decisiones tienen sus efectos (los gobernados). Fueron, los resultados, consecuencia directa de la reforma electoral de 2014. Posterior a las reformas electorales de 2014, se han realizado 95 elecciones: una federal y 94 locales. De las locales, 61 han sido para renovar Legislaturas y 33 para renovar Ejecutivo Estatal. De las elecciones de Legislatura, en 43 hubo alternancia, es decir, el triunfo mayoritario lo obtuvo una fuerza diferente a la que nominativamente sostenía al Ejecutivo del Estado; en cuando a los eventos para Ejecutivo Estatal, en 21 de los 33. Lo de julio de 2018, sin embargo, representa la expresión máxima de estos cambios. Para explicar esto, desde una perspectiva electoral, podemos aprovechar la denominada “desalineación del voto” definida como “un cambio temporal en el comportamiento de los votantes, que viene aparejado con un cambio en la fuerza electoral de los partidos políticos” (De Remes, 1999:239). De esto también han hablado otros autores como Sundquist (1973 y 1983), Key (1955 y 1959) y Buj'nham, 1970. Dada la magnitud del cambio observado posterior a julio de 2018, el análisis debe trascender lo electoral. La continuidad del sistema político mexicano hasta bien entrado el siglo XX se entendería a partir de ciertos acuerdos informales, a saber: el reconocimiento del presidente mexicano como “jefe máximo”, el apoyo incondicional al candidato presidencial del partido hegemónico, la colaboración con la red en el poder y la espera paciente del siguiente sexenio (Carpizo 1978; Whitehead y Brambila 1980; Hernández Norzagaray 2000). La ponencia propone, a partir de la experiencia y la reflexión, una clasificación diferente.