Los procesos de justicia transicional se caracterizan por implicar en la mayoría de los casos, negociaciones políticas entre los diferentes actores, tendientes a lograr acuerdos. Pero, por otro lado, estos procesos se ven regidos por las exigencias jurídicas de justicia impuestas desde el plano internacional, que se concretan en la obligación de castigar a los responsables de crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos en la etapa previa a la transición. De esta manera, mientras que las exigencias jurídicas antes mencionadas buscan proteger cabalmente los derechos de las víctimas, las necesidades de paz y de reconciliación nacional propias de los procesos transicionales presionan en dirección opuesta, pues para que los responsables de crímenes atroces decidan aceptar dejar las armas y llegar a un acuerdo de paz, resulta necesario que encuentren incentivos atractivos para hacerlo, tales como el perdón y el olvido de sus actos. En este contexto, y como consecuencia del Acuerdo firmado entre el estado colombiano y la guerrilla de las FARC, el gobierno expidió la Ley 1820 de 2016 mediante la cual busca darles amnistías a exguerrilleros por sus delitos cometidos en el marco del conflicto armado. Así, la presente investigación tiene como pregunta de investigación, ¿es la implementación de la Ley 1820 un instrumento para la paz y la reconciliación, como lo afirma el estado colombiano, o se trata de una propuesta disfrazada de perdón, olvido e impunidad, como lo han calificado sus críticos? El enfoque propuesto es cualitativo, pues se realizó un análisis documental. En consecuencia, la técnica utilizada fueron fichas bibliográficas.