Blockchain es una tecnología mediante la que se crea una cadena digital de registros con enlaces. El resultado es un registro único, irrepetible e inmutable. Con blockchain la gestión de las transacciones se descentraliza, puesto que no hay necesidad de intermediarios. El intercambio se realiza peer-to-peer. Esto supone una revolución que introduce posibilidades infinitas en la economía digital (registros, smart contracts o la tokenización son algunos ejemplos). Sin embargo, a pesar de que la identidad del usuario está oculta detrás de una dirección pública, la información de estas transacciones puede quedar al albur de la verificación por parte de un tercero, por lo que la principal fortaleza de esta tecnología -la transparencia- podría ser también, paradójicamente, su punto débil más importante. La reciente promulgación del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), que ha entrado en vigor el 25 de mayo de 2018, supone una declaración digital de derechos -que tiene en la privacidad a su principal adalid- y que choca frontalmente con la naturaleza de blockchain. El legislador europeo ha introducido un estándar elevado en el control y la seguridad de datos de los europeos. Pero la medida comienza a discutirse en 2012, dos años antes de la consolidación del éxito de Bitcoin -que llega con la incorporación de otra criptomoneda (Ethereum) en 2014-, y se aprueba en 2016, lo que pone de relieve que tecnología y legislación, una vez más, no están acompasadas. El binomio transparencia/privacidad augura un choque de trenes que, previsiblemente, forzará un debate acerca de qué modelo de sociedad europea queremos construir. Nos proponemos en esta Comunicación analizar algunos de los principales retos jurídicos que se plantean, como el control de la privacidad, la armonización fiscal o la cuestión del derecho al olvido.