La pandemia COViD 19 que vivimos en todo el mundo ha redoblado las exigencias impuestas sobre la educación superior, traducidas en importantes transformaciones relativas a sus procesos de enseñanza- aprendizaje, en aras de cumplir con demandas sociales como la expansión de la cobertura y la calidad en la enseñanza. Una estrategia muy utilizada para conseguir mejorar esos procesos educativos es la incorporación de tecnologías de la información en las universidades, además de la aparición de modalidades nuevas de enseñanza como la educación a distancia. Hoy en día, los escenarios educativos deben ser planeados y fundamentados desde diversas aristas además de la pedagógica, lo que establece la necesidad de proveer un marco normativo que regule las relaciones entre los diversos ejes educativos en modalidades no presenciales, además de brindarles respaldo y certeza jurídica. Este trabajo aplica un análisis metodológico consistente en identificar y revisar once instituciones de educación superior públicas mexicanas que, por su trascendencia, cuentan con documentos normativos. De esta manera, se realizará una comparación entre los diversos documentos legislativos oficiales de cada institución, que implicó la construcción de ocho ejes de interpretación: Nombre de las entidades dedicadas a la operación y funcionamiento de la modalidad educativa y sus definiciones, Figura del profesor, Figura del tutor y Figura del estudiante dentro de la educación a distancia, Infraestructura, así como Procesos de formación y actualización de docentes. De manera general, es posible identificar reglamentos o estatutos dentro del análisis que adaptaron las características de una educación a distancia a sus propios contextos, para redefinir aspectos como la figura del docente, el estudiante, el asesor y las formas de acceso a la infraestructura tecnológica.

Adicionalmente, el diseño, operación, evaluación y promoción de la infraestructura, plataforma y materiales educativos son elementos esenciales dentro de modalidades educativas a distancia y abierta en la mayoría relativa de las instituciones analizadas, aunque se esperaría que fuera en su totalidad. Esto se explica ante los esfuerzos insuficientes para amparar legalmente cada aspecto educativo en modalidades no presenciales, además de las diferentes tecnologías a disposición de cada universidad.

Por último, se recomienda a futuro considerar que para la elaboración de marcos normativos para modalidades abierta y a distancia, se requiere de la participación de actores y expertos provenientes de distintas disciplinas científicas, entre ellos diseñadores gráficos y visuales, informáticos, pedagogos, educadores, administradores y por supuesto abogados o juristas con experiencia en utilización de TIC.  Así mismo, se requiere de un conjunto de documentos que complementen el marco normativo de cada institución como estatutos, manuales y reglamentos, para complementar el marco legislativo ya existente en cada universidad y que suele regir modalidades escolarizadas.