Tras los acelerados cambios que se vienen suscitando en la educación, existe en el presente variadas tendencias y debates sobre el papel de la educación en el contexto de la intervención social, lo que ha conllevado a numerosos análisis por parte de las disciplinas de la educación y de los planteamientos del desarrollo para el cambio social, quienes han propuesto reflexiones en torno al actuar ético y la manera como se entrelazan relaciones dialógicas entre los que representan la academia; estudiantes y docentes del estamento universitario, y los que se constituyen como sujetos o agentes sociales de las comunidades intervenidas, en el marco de proyectos sociales y comunitarios. Esto resulta fundamental, ya que el modo en cómo se orienta dicha intervención social se sustenta en la perspectiva ética que a esta se le dé; pues ello establece las medidas para leer y comprender la realidad, así como para planificar y ejecutar los procesos de intervención, conducentes a transformar y mejorar las condiciones de vida de las comunidades en general y de personas en particular. Es aquí, donde se requieren miradas críticas y comprometidas con la transformación de las prácticas pedagógicas que hoy desarrollamos desde nuestras universidades, para que sumado a los cambios contextuales cada vez más profundos y desafiantes, podamos proponer acciones y estrategias que reduzcan las brechas entre lo que necesitan las comunidades y las respuestas que las instituciones de educación superior dan en función de la formación de sus estudiantes y la proyección de su extensión universitaria. Esas brechas mencionadas, pasan por la exclusión, segregación y segmentación “justificada” al trabajo con enfoque diferencia, que se hacen de los diferentes actores sociales con los que se trabajan, limitando en gran medida la comprensión y capacidad para actuar desde el principio ético del cuidado y la valoración de la diversidad.