La evaluación alude, en el plano de la evaluación institucional, a una programación sistemática, programada  basada en información fidedigna y confiable para emitir, mediante comparaciones, juicios valorativos y recomendaciones, mejorar acciones y  resignificar recursos. En el contexto de educación superior, forma parte de las herramientas de gobierno y gestión cuyo fin es el de la mejora de las instituciones desde el interior de las mismas (Apodaca en de Miguel y Apodaca, 2009). La evaluación tiene múltiples aplicaciones y por lo tanto, implicancias por lo tanto, no se trata solamente de identificar errores o problemas que entorpecen la acción, de pensarla de modo riguroso sino también de reflexionar, aprender de la práctica en sus aciertos y errores, promover correcciones, observar e intervenir en los efectos inesperados que tuvo la práctica evaluativa, del mismo modo que valorar los actores significativos que se involucraron en el proceso. El reconocimiento hacia quienes contribuyen al buen desarrollo permite afirmar que la evaluación honra el trabajo realizado. Por otra parte, la evaluación no solo se circunscribe al ámbito de una unidad institucional sino que se extiende a la evaluación de políticas, programas y proyectos (Niremberg, 2013), la que será combustible para la toma de decisiones en cuanto a la continuidad o no de financiamiento, para rendición de cuentas y transparencia que influyen tanto en el campo institucional como sino en decisiones de planificación estratégica. Por lo tanto, se plantea la metaevaluación como recurso o alternativa ante posibles discrepancias surgidas después de realizada una evaluación, tanto cuando la ética  o profesionalidad de quienes han evaluado se pongan sean planteados como cuestionables. El presente trabajo plantea e indaga en la  evaluación como una herramienta para la mejora de la gestión institucional y la metaevaluación como disyuntiva de control o desde una perspectiva  la calidad educativa.