Con antecedentes en los años 70, pero implementada como tal a partir de los años 90, a raíz del levantamiento zapatista en Chiapas, la militarización de la seguridad pública en México corresponde con un intervencionismo militar creciente sobre las instituciones policiacas y judiciales, para el mantenimiento del orden y la administración de justicia. Desde entonces, más allá de las siglas partidistas, la militarización ha sido desarrollada por todos los gobiernos federales sin excepción, hasta una actualidad marcada por la creación de una Guardia Nacional. Lejos de sus objetivos oficiales, la aplicación de esta estrategia ha tenido como correlato un aumento generalizado de la violencia y, como principal resultado, violaciones sistemáticas a los derechos humanos.