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La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la sentencia “Almonacid Arellano contra Chile” determinó que el Poder Judicial debe ejercer un “control de convencionalidad” entre las normas jurídicas internas y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Dicho control consiste en la obligación de los jueces de contrastar las normas internas frente a las normas del sistema convencional internacional. Esta tesis, a través del método de investigación interpretativo, analiza el control de convencionalidad en sus dos vertientes: una “concentrada” que obedece a las facultades inherentes de la Corte Interamericana al resolver los casos contenciosos bajo su jurisdicción, lo anterior, por ser el intérprete final de la Convención Americana; otra, “difusa” consistente en el deber de los jueces nacionales en realizar un examen de compatibilidad entre las disposiciones y actos internos que tiene que aplicar a un caso concreto en relación con los tratados internacionales y la jurisprudencia internacional de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por otra parte, se estudian los alcances de la reforma constitucional de 2011 en la cual se estableció la incorporación de los tratados y su incorporación al derecho interno con rango constitucional, junto a la cláusula de interpretación conforme a la Constitución Federal y los tratados internacionales otorgando, en todo momento, la protección más amplia a la persona. Finalmente, se interpretan las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de la reforma constitucional en el expediente Varios 912/2010 y la contradicción de tesis 293/2011 los cuales constituyeron la entrada del control de convencionalidad en materia de derechos humanos al sistema jurídico mexicano, lo que generó la obligación de los jueces nacionales de preferir los derechos humanos contenidos en la Constitución y en los tratados internacionales.