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Entre mediados del siglo XX y principios del siglo XXI con el fortalecimiento de la Dignidad Humana como institución jurídica y valor constitucional, adicional a los nuevos avances en bioética relativos al consentimiento informado y al replanteamiento de las relaciones médico-paciente, las personas que padecen diversos tipos de enfermedad o condición en salud, pasaron a ser sujetos activos con necesidades, deseos y voluntad. En Colombia, desde el año de 1997 con la sentencia C-239, la Corte Constitucional ha exhortado al poder legislativo para que se regule la práctica de la eutanasia de acuerdo con el derecho a la muerte digna y a la dignidad humana. Sin embargo, a la fecha tal regulación no se ha efectuado en el país, valiéndose los pacientes únicamente en la resolución 825 de 2018 expedida por el Ministerio de Salud colombiano y mediante el ejercicio del derecho de amparo, situación que ha generado: por un lado, impedimentos a la garantía eficaz de todo un catálogo de derechos humanos y civiles, así como una carga adicional al sistema judicial.   El presente trabajo comprende un análisis multidisciplinar sobre la muerte digna apoyándose en criterios médicos, bioéticos y jurídicos, haciendo un abordaje crítico desde el derecho penal, el derecho constitucional, el derecho administrativo. Formulando nuevas alternativas en garantías al solicitante basado en el nuevo régimen de autonomía jurídica colombiano a fin de garantizar el ejercicio de la dignidad humana en enfermedades terminales, así como en aquellas enfermedades degenerativas no terminales cuya condición lesiona el principio a la vida digna del paciente.