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Inclusión económica y socialLa exclusión de las personas con discapacidades, en todas las formas, es un problema latente en la sociedad ecuatoriana, especialmente en los estratos más pobres, donde se carece de muchos servicios básicos. A pesar de los esfuerzos realizados en los últimos gobiernos, donde se ha priorizado la inclusión integral, aún persiste la vulneración de derechos, lo que imposibilita el desarrollo pleno de estas personas. En Ecuador, de acuerdo con los datos estadísticos del Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades (CONADIS), ha existido una considerable disminución del número de personas con discapacidades.  De 1’653.000, en 1996, la cifra bajó a 816.156, en 2010, lo que es corroborado por el Censo de Población del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), de ese año. A enero del 2020, el CONADIS ubicó la cifra de personas con discapacidades sólo en 479.910. Algunos conocedores de la materia han criticado las cifras, indicado que “han sido maquilladas”, mientras que, desde otra óptica, se afirma que los grandes avances en materia legislativa y los eficaces programas sociales ejecutados en este país andino han permitido “visibilizar” a las personas con discapacidades y disminuir las brechas tanto económicas como sociales. Se pone como ejemplo la “Misión Manuela Espejo” y el programa “Ecuador sin Barreras”, considerados paradigmas de la inclusión integral de las personas con discapacidades que, incluso, han sido replicados en otros países de la región. Como base de lo ejecutado, sostienen algunos autores, se ha tenido muy en cuenta la formulación, ejecución y evaluación de políticas públicas que han sido articuladas entre diferentes actores de la sociedad, así como también se ha adoptado el significado de la discapacidad en la Constitución, leyes y normativas generales para favorecer de mejor forma la atención e inclusión integral.