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La situación de Venezuela se representó como una realidad insostenible, sumida en el caos y la crisis económica y política, generando una movilización de ciudadanos venezolanos siendo la mayor crisis migratoria en la historia reciente de América Latina, y muchos han abandonado el país haciendo uso de rutas irregulares para llegar a su destino. Es por esto, que es menester dar estudio a los temas de migración y Derechos Humanos, mismos que mantienen una estrecha relación, debido a que se concibe a los migrantes como personas sujetas de derecho. La presente ponencia, tiene como objetivo explorar el alcance que tiene el marco jurídico ecuatoriano sobre el éxodo venezolano, que considera al país como un referente de hábitat, y de esa manera exponer los derechos y las garantías constitucionales que prevalecen en el derecho ecuatoriano. A su vez, la normativa jurídica nacional se vinculó al Derecho Internacional Público (DIP) y al de los Derechos Humanos (DD.HH), bajo la lupa de los cambios suscitados en la Constitución Ecuatoriana entre los periodos de 1998 y 2008, e incluye a la Ley Orgánica de Movilidad Humana de 2017, y el reciente Decreto Ejecutivo N° 826 que promulga la medida de emisión de Visa de residencia temporal de excepción por razones humanitarias para los ciudadanos venezolanos, el cual se caracteriza como una norma inclusiva sobre los Derechos Humanos de esta población vulnerable. La metodología usada corresponde a un enfoque mixto, la combinación de los dos enfoques, tanto cuantitativo como cualitativo permitió que sea más completo el estudio tanto del perfil como de la situación social de los inmigrantes venezolanos. Los resultados presentan que los migrantes actualmente comparten los mismos derechos que un nacional en el país de residencia, pero sigue estando latente las actitudes xenofóbicas y de discriminación por su condición migratoria y nacionalidad.