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El fenómeno migratorio de los menores no acompañados no debe afrontarse como fruto de la situación de un inmigrante que accede al territorio de forma irregular, sino bajo el amparo tutelar de unas normas centradas en una política global de protección y atención a la infancia. Así, cuando el menor es tratado como adulto en el marco de la aplicación de la Ley de Extranjería y para proceder al control de flujos migratorios, se está vulnerando su derecho como menor. Las relaciones Marruecos-España en esta materia  comenzaron con el Memorándum 2003, texto de efecto irrelevante. Con el objetivo de impulsarlo y mejorar las relaciones bilaterales se celebró un segundo Acuerdo en 2007 que incide en profundidad en la cooperación internacional en todas sus vertientes: prevención de migraciones, protección de menores en España y repatriación y reinserción en su país de origen. El documento obliga a medidas concretas y desde el punto de vista formal resulta impecable. Se alude a la normativa internacional de protección de menores y se reafirma que el interés superior del menor debe constituir la base de toda cooperación. Pero se aprecian importantes carencias como la omisión de garantías explícitas a representación legal y a ser escuchado, aspectos ambos que salvaguardan el adecuado proceso de repatriación. La pregunta que hemos de hacernos es por qué no se cumple, qué debe cambiar –si es que es necesario hacer alguna modificación en el texto- y si los últimos contactos diplomáticos que han tenido lugar en España permiten vislumbrar un efectivo cumplimiento del Acuerdo.