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La investigación hace alusión al papel que cumple la jurisprudencia como herramienta para garantizar la protección de derechos y garantías fundamentales ante la falta de concreción o claridad en materia procedimental.  Se realiza una descripción general de los sistemas de procedimiento penal vigentes en Colombia, su utilidad en contextos de justicia transicional, decisiones de la Jurisdicción Especial para la Paz a través de las cuales fijan o adecuan trámites concretos de su competencia.El conjunto de normas dispuestas para la transición de una situación de conflicto a la paz se enmarca dentro de lo que ha sido entendido como justicia transicional, contexto en el que los fines perseguidos trascienden el juzgamiento y resocialización de los responsables, así como el resarcimiento de las víctimas, toda vez que se busca establecer las bases necesarias para la superación del conflicto armado interno y la consecución de la paz, a través de la reconciliación no solo de las partes en disputa, sino también entre estas, las víctimas y la sociedad. Para el caso colombiano y en ejercicio precisamente de un proceso de transición de este tipo, el Gobierno Nacional acordó la creación de una Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que constituía el componente de justicia del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y garantías de No Repetición (SIVJRNR), el cual satisface el deber del Estado colombiano de investigar, esclarecer, perseguir, juzgar y sancionar las graves violaciones a los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH) que tuvieron lugar en razón y con ocasión del conflicto armado. El SIVJRNR brinda a justiciados, a las víctimas y a la sociedad en general, la certeza de que se alcanzarán los fines propuestos, y para ello, los postulados establecidos en la jurisdicción penal ordinaria deben ceder en pro de los mismos; las normas de derecho penal y de procedimiento penal pueden ser flexibilizadas pues su análisis e interpretación se efectúa en atención a las características del conflicto que se aspira a superar. El 24 de noviembre de 2016 se firmó entre el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC EP), el acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera[1], produciéndose, con fundamento a éste, algunas normas que pretenden garantizar su eficacia y el cumplimiento de las obligaciones contraídas por las partes e intervinientes. El 12 de marzo de 2018, en cumplimiento de las atribuciones que les fueran asignadas[2], los Magistrados de la JEP presentaron ante el Gobierno Nacional el proyecto de reglas procesales que regularían su funcionamiento, el cual, luego de surtir el trámite correspondiente en el Congreso alcanzó su aprobación el 27 de junio del mismo año, modificándose la propuesta inicial en algunos puntos concretos del trámite ante la Sala de Ausencia de responsabilidad del Tribunal Superior para la Paz, los temas referentes a la extradición y lo relacionado a la sala especial de juzgamiento para los integrantes de las fuerzas militares. El 18 de julio de 2018 nace la Ley 1922, “Por medio de la cual se expiden unas reglas de procedimiento para la Jurisdicción Especial para la Paz”, sin embargo, debido a las dificultades que acarreó su aprobación pueden evidenciarse algunos vacíos normativos que tendrán que ser suplidos a través de remisiones normativas y los pronunciamientos que en cada caso concreto tenga que emitir las Salas y Secciones de la JEP. A través de la poenencia se hará un análisis a esta problemática y mostrará se mostrará el papel que está llamado a cumplir la jurisprudencia para superarla, al no ser esta la primera ocasión en que se da una ausencia de regulación en materia judicial, o se presenta un vacío normativo procedimental, correspondido a la judicatura desarrollar diversas actuaciones a fin de garantizar derechos fundamentales que pudieran estar amenazados. [1] http://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/procesos-y-conversaciones/Documentos%20compartidos/24-11-2016NuevoAcuerdoFinal.pdf [2] Artículo transitorio No. 12. Acto Legislativo 01 de 2017 “Procedimiento y reglamento, Los magistrados que integran la JEP estarán facultados para elaborar las normas procesales que regirán esta jurisdicción y que deberán ser presentadas por el Gobierno Nacional al Congreso de la República, incluido el régimen disciplinario aplicable a sus funcionarios que no sean magistrados…” 

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William Salazar Medina (Colombia) 8518
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