Frente a la reciente diáspora migratoria de nacionales venezolanos, producida por la crisis social y política presente en el país latinoamericano, los Estados fronterizos o cercanos se constituyen como los principales receptores de migrantes regulares e irregulares provenientes de Venezuela. De acuerdo con la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados –ACNUR- y la Organización Internacional para las Migraciones –OIM-, Colombia acoge 1.3 millones, en segundo lugar, Perú con 768.000, seguido por Chile con 288.000 migrantes venezolanos. En medio de estos nuevos flujos Y dinámicas migratorias, son miles los casos de hijos nacidos de migrantes que no cumplen con la normatividad de los países receptores, hecho que entorpece su acceso al derecho a la nacionalidad, y en consiguiente, a muchos otros derechos fundamentales para una vida digna; pero además por la coyuntura de la situación los ubican en el riesgo de ubicarse en la condición de “apátridas”. Frente a dicha problemática, algunos países latinoamericanos han optado por medidas legales y/o administrativas para garantizar el derecho a la nacionalidad, y por consecuencia, el resguardo a los derechos consagrados en las cartas constitucionales propias. Sin embargo, son muchos los casos en los que los Estados no han emprendido acciones que solvente dicha situación, lo que se constituiría como el desconocimiento al mandato legal y jurisprudencial del sistema regional de protección de los derechos humanos. En esta ponencia, se analizará de manera comparada las decisiones gubernamentales adoptadas frente al resguardo del derecho a la nacionalidad de hijos de migrantes venezolanos, con especial énfasis en Colombia, Perú y Ecuador a la luz del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.