El rol que asume el concepto de vulnerabilidad en el contexto migratorio ha adquirido una dimensión de interpretación judicial compleja y controvertida. De un lado, permite dar una cierta fuerza a determinadas razones-criterios sin por ello hacerlos estrechamente vinculantes y, al mismo tiempo impone unas obligaciones motivacionales al juez para discriminar entre sujetos vulnerable y no. Si bien, las dos jurisdicciones supranacionales europeas se han hecho eco de una nueva categoría emergente de vulnerabilidad para los solicitantes de protección internacional, ha sido especialmente el Tribunal Europeo de Derechos Humanos quién ha tratado de reordenar con más o menos éxito las propiedades que caracterizan el grupo o sujeto: el resultado de la historia, del control estatal, las referencias a documentos internacionales y otros determinantes. Así pues, ha empleado el término “grupos vulnerables” con relación a la población gitana, a las personas con discapacidad, a las personas detenidas, a las personas portadoras del SIDA, a los solicitantes de asilo e incluso con relación a la violencia en el ámbito doméstico. En el ámbito de las migraciones y el asilo, la jurisprudencia supranacional sobre vulnerabilidad se centra en las condiciones de detención y también en el traslado de los solicitantes de asilo bajo el sistema Dublín que suponga un trato degradante o inhumano art. 3 y el art. 5 CEDH privación de libertad. Por ejemplo, la sentencia M.S.S. c. Bélgica ha sido un punto de inflexión. Ahora bien, más allá de la referencia a la situación de precariedad o riesgo en el Estado de origen, el Tribunal no ha aportado aún las pautas normativas que conformarían y harían posible en el futuro la consolidación un concepto unívoco y armonizado sobre cada posible situación de vulnerabilidad.  https://vimeo.com/441554270