La sociedad latinoamericana se debate en una serie de conflictos y fenómenos sociales que se han arraigado en el imaginario colectivo, derivados de diferentes conflictos, la concentración del ingreso y la riqueza y la falta de coordinación entre las políticas públicas nacionales y territoriales. Así mismo, el desarrollo urbano de América Latina y El Caribe se ha caracterizado por un fenómeno producto de la exclusión social, segregación espacial y desigualdad económica: la conformación de asentamientos informales, escenarios  donde la vulneración de derechos se reproduce continuamente a la vez que estos asentamientos aumentan en tamaño y número. Esta vulneración de derechos humanos se evidencia de manera física en los asentamientos informales de diferentes formas, como lo son: ausencia de equipamientos y espacios públicos, carencia de infraestructura para la movilidad, acceso precario o nulo a servicios básicos como agua potable, saneamiento y electricidad, y por último el déficit cuantitativo y cualitativo de vivienda, punto en el que este documento tendrá foco; reconociendo que, el derecho a la vivienda y la tenencia de la tierra, son fundamentales para la expresión máxima de la dignidad humana, así como el disfrute de todos los derechos que le son conexos a esta. Y como consecuencia, la institucionalidad pública en los diferentes países de Latinoamérica, así como los instrumentos internacionales, reconocen este derecho fundamental. Los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (en adelante los DESCA), fueron creados específicamente para asegurar a los ciudadanos igualdad, en especial, en sus condiciones de vida y trato, ya que las desigualdades económicas y sociales que existían y que en actualmente persisten en América Latina y el Caribe, no permitía el goce de estos derechos para la población, aun con el reconocimiento de los derechos civiles y políticos.